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A título personal
La carrera por los centros de datos alrededor de la órbita terrestre avanza más rápido que cualquier capacidad regulatoria, como suele suceder en estos casos.
En apenas un mes, siete compañías —seis estadounidenses y una china— manifestaron su interés en desplegar infraestructura de computación en el espacio. En vías paralelas crece la inquietud sobre las implicaciones para países en desarrollo, porque podrían quedar atrapados en una relación asimétrica. Rectifico: porque van a seguir estando en las relaciones asimétricas existentes: serán proveedores de datos, consumidores de servicios, pero no tendrán ningún tipo de participación, gobernanza, control real —u opinión, siquiera— sobre la tecnología que rige.
Quienes semana a semana leen este News saben que siempre expongo las ideas a favor, luego las ideas en contra y al final, una conclusión casi siempre fatalista, exagerada y con frecuencia desesperanzadora. Hoy no será la excepción, tienen mi palabra. Empecemos.
Los que defienden avanzar con los centros de datos orbitales argumentan tanto cuestiones ambientales como energéticas, y ambas son ciertas. Elon Musk, quien dirige SpaceX y xAI, planteó en Davos que el espacio ofrece condiciones ideales para centros de datos intensivos: energía solar constante y refrigeración natural.
Pero esa no es la única razón. El entrenamiento de modelos de inteligencia artificial consume cantidades obscenas de electricidad y agua, dos recursos cada minuto más valiosos. En India, los centros de datos ya figuran entre los mayores usuarios industriales de recursos hídricos; en Sudáfrica, los cortes programados tensionan cualquier expansión; en el noreste de Brasil, el calor y las restricciones energéticas encarecen la refrigeración. Desde esa perspectiva, "subir" la infraestructura parece una solución sensata. China lanzó un plan quinquenal para supercomputadoras espaciales, agregando una nueva dimensión a la rivalidad con Washington. Jeff Bezos y su compañía Blue Origin también se sumaron públicamente a esta competencia.
Subyace, lógicamente, un argumento geopolítico: quien controle la infraestructura de cómputo controlará buena parte de la economía digital. Si la próxima generación de centros de datos se instala en órbita, quienes lideren esa carrera no solo reducirán costos, sino que fijarán estándares técnicos y, eventualmente, políticos.
Hasta acá, la versión optimista.
Para quienes están en la vereda de enfrente, el problema de fondo trasciende lo técnico. Mover infraestructura crítica fuera del territorio físico también significa trasladarla fuera del alcance regulatorio tradicional, que ya de por sí siempre corre desde atrás.
Olubayo Adekanmbi, de EqualyzAI, advierte que sin participación en la infraestructura, los países simplemente "alquilarán inteligencia". Payal Arora, de la Universidad de Utrecht, señala que procesar datos en órbita desdibuja la soberanía: ¿a quién pertenecen? ¿Al país de origen, al Estado que lanzó el satélite, al operador o al proveedor de nube? Las leyes de localización de datos perderían efectividad. La soberanía, que ya es un concepto cada vez más laxo, en la órbita directamente se esfuma.
Colin Thakur, investigador sudafricano, plantea que la computación orbital podría replicar monopolios terrestres en lugar de democratizar el acceso. Para que represente una verdadera oportunidad, los países emergentes deberían participar como inversores, copropietarios y creadores de normas, no solo como usuarios finales. Sin participación —financiera, tecnológica o normativa— muchos países podrían convertirse en meros proveedores de datos y consumidores de inteligencia artificial procesada en otro lugar. Es una asimetría ya conocida, solo que ahora proyectada hacia terrenos nuevos, más profundos, globalizados, enlazados, subordinados, codependientes.
Jane Munga, del Carnegie Endowment, resume el dilema: la soberanía digital exige propiedad de infraestructura o, al menos, poder de gobernanza. Sin ninguna de las dos, el riesgo es quedar reducidos a productores de datos sin voz sobre su destino. La brecha de cómputo dejaría de ser coyuntural para volverse estructural.
Entonces, ¿qué queda? La posibilidad de que la computación espacial sea concebida como un bien público global, con marcos multilaterales claros y mecanismos de participación real para países que hoy no tienen cohetes ni IPOs multimillonarias. Pero eso exige algo que rara vez abunda en las carreras tecnológicas: coordinación política antes de que el mercado imponga los hechos consumados, sumado a una visión más o menos Humana del asunto.
Mi conclusión, como les prometí, no es para nada agradable. La tecnología avanza con la lógica y la velocidad de quien tiene los recursos, no de quien debería hacerlo en nombre de la Humanidad.
Si seguimos la historia reciente la lógica del espacio no será una excepción: primero se ocupará, luego se regulará. Para entonces, el mapa del poder digital ya mostrará colonizadores y colonizados. |
